El medio ambiente y su cuidado está en el eje de todas las políticas y normativas ambientales de los últimos años. Tras el acuerdo de París, que establece un marco global para evitar un cambio climático superior a 2ºC, se pretende reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y a apoyarlos en sus esfuerzos.
Aunque esta es una de las historias más recientes, lo cierto es que los países del Norte de Europa ya empezaron a trabajar en el establecimiento de protocolos de contratación y compra sostenible, teniendo en cuenta parámetros medioambientales.
La Compra y Contratación Pública Verde (CCPV) es la compra o contratación de bienes y servicios considerando no sólo los criterios económicos o técnicos de los productos, servicios u obras a contratar, sino también el comportamiento ambiental de los mismos.
Los aspectos ambientales están relacionados con los materiales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de proveedores y de los propios fabricantes.
Esto se traduce inmediatamente en medidas que las instituciones tienen que desarrollar para cumplir, entre otras normativas ambientales, las que incluyen la sostenibilidad como pilar fundamental.
Esta estrategia de contratación sirve como incentivo tanto para instituciones como para empresas privadas. En el caso de las Administraciones Públicas ven cómo mejora su competitividad y rango para los fondos de financiación europeos y el cumplimiento de los pactos y convenios a los que estén sometidos, como puede ser el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en Ayuntamientos, sirviendo de meta ambiental que pone de manifiesto el compromiso de todos los servicios municipales. Esta estrategia incluye acciones de formación a los trabajadores y requiere de la colaboración de todos los agentes implicados en la contratación por lo que su alcance es muy significativo.
En el caso de las empresas privadas es un aliciente para actualizar y promover estrategias de acción medioambiental en sus políticas y comunicaciones, para así poder acceder a las subvenciones y licitaciones que saquen las Administraciones Públicas, las cuales van a tener en sus cláusulas requisitos ambientales más estrictos, como puede ser estar en posesión de un Sistema de Gestión Ambiental, certificaciones de sostenibilidad o el haber calculado y controlado su Huella de Carbono.
Las empresas más comprometidas con la sostenibilidad tendrán por tanto, una mejor aceptación y un cumplimiento de requisitos mucho mayor a la hora de poder desempeñar las labores dentro de la institución que los contrate. Actualmente existen formas de certificar esta sostenibilidad como es el caso de la obtención de la ISO 20400 de Compras Sostenibles que ayudan bastante, al cumplimentar los requisitos de las Estrategias de Contratación.
Esta es la forma en la que se crea un entramado en el que la prioridad por el medio ambiente prima por encima de las necesidades económicas y es vista como un empujón necesario para alcanzar los más altos estándares ambientales, los requisitos legales y atraerlos ansiados fondos y proyectos, tan necesarios en una época como la que estamos viviendo.
Durante los últimos años, el rol de la Compra y Contratación Pública ha evolucionado y hoy en día se considera un instrumento clave para el impulso de políticas ambientales, sociales y de innovación, y actualmente ya se trabaja para cumplir con lo planteado en la Agenda 2030. Esto incluye las iniciativas promovidas por la Unión Europea, como: «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» cuyo objetivo es apoyar el paso a una economía que utilice eficazmente sus recursos y con pocas emisiones de carbono.
Y es que aplicar criterios ambientales en la contratación pública supone no solo beneficios ambientales, sino también económicos y sociales tanto para la administración, como para el sector privado y la sociedad, se incrementa la transparencia y eficiencia, permitiendo lograr metas ambientales y reducir impactos ambientales, se fomenta el ahorro económico al considerar los costes de ciclo de vida, mejora la imagen pública y refleja la ejemplaridad hacia los consumidores.
En el sector privado se incentiva a la industria para innovar y ser más competitiva, reforzando la economía local. Los beneficios de esta implantación, son entre otros, que la sociedad ve mejorada la calidad su vida, por la mayor implicación de las empresas, bien por la reducción de impactos ambientales, por el fomento del emprendimiento y empleo, derivado de ello, asi como el fortalecimiento de la sensibilización sobre temas ambientales.
Artículo de opinión publicado en el medio de comunicación Murcia Economía. Pincha aquí
